Mauricio Manzao

El escenario actual de violencia generalizada que se vive en El Salvador se ha convertido para la mayor parte de la población en una situación de desesperanza e impotencia. En este contexto, el gobierno ha implementado medidas extraordinarias con el objetivo de debilitar el impacto de la criminalidad. Las medidas implementadas van desde reformas al código penal, ajustes presupuestarios, préstamos externos, creación de nuevos impuestos y el despliegue de fuerzas militares especializadas con una enorme capacidad táctica de combate.

La población que sufre el flagelo de la violencia celebra estas acciones y la ven como una esperanza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, analistas políticos e intelectuales ven con escepticismo estas acciones, incluso han prevenido que pueden derivar en graves abusos de los derechos humanos. Lo cierto es que todos los planes de seguridad implementados por los gobiernos anteriores, exceptuando la llamada tregua del 2012, no han logrado disminuir los homicidios.

Ciertamente, el plan mano dura del expresidente Flores paso de 2,270 homicidios a 2,933, en el año 2004. El plan súper mano dura del expresidente Saca paso de 2,933 a 4,382. La llamada tregua en tiempos del expresidente Funes ha sido más efectiva en términos de reducción de homicidios, paso de 4,382 a 1,050 en el 2012. El plan mano dura del gobierno actual no ha dado los resultados esperados: el promedio de homicidios a finales del 2015 fluctuaba entre los 18 diarios y en los primeros tres meses del 2016 se registraron 2003 homicidios, un promedio de 22 diarios, 876 homicidios más que los primeros tres meses del 2015 que cerraba con 1,127.

Estos hechos han llevado al Gobierno a impulsar medidas extraordinarias como se les ha llamado. La implementación de estas medidas, y en especial la movilización de tropas elites para combatir la criminalidad, descubren, por un lado, la concepción que el Gobierno tiene sobre las pandillas, y por otro, hay un reconocimiento implícito de la magnitud de su amenaza. Advirtamos:

En primer lugar, para el gobierno, estos grupos no sólo son un peligro social, además ponen en peligro la soberanía del país, son una amenaza para el Estado. Poseen recursos económicos, controlan territorios, imponen “impuestos” (renta) que no se sabe con precisión a cuando asciende. Según un estudio del Banco Central de Reserva, el costo sólo en extorsiones y robo a personas y viviendas equivalen al 5.2% del PIB (BCR, 2016). Por tanto, la ejecución de medidas extraordinarias, en especial la movilización de tropas elites de combate de la Fuerza Armada, dejan ver la concepción que el gobierno tiene del poder y la amenaza que representan para el Estado estos grupos.

En segundo lugar, estas medidas son un reconocimiento por parte del Gobierno que la PNC, per se, es incapaz de neutralizar estos grupos y que el problema delincuencial no es simple delincuencia común. El aparecimiento de esta unidad, como unidad de comando, es sobre la base que la PNC no es suficiente, porque el enemigo es tan fuerte, tan ramificado, que el enfrentamiento exige una fuerza calificada por el mismo Gobierno, Es un reconocimiento que la fuerza pandilleril es una amenaza para el Estado que tiene fuerza, capacidad de resistencia y de respuesta y que la PNC es incapaz de controlarla. Bajo esta lógica está la decisión del Gobierno de sacar la FES a combatir las pandillas.

En tercer lugar, estas medidas extraordinarias es un reconocimiento que la situación es un escenario de guerra. Esta concepción implícita por parte del Gobierno ya la habían señalado algunos analistas políticos y académicos. Años atrás han venido sosteniendo la tesis que la situación de violencia era una nueva guerra, otros sustentan la tesis que no es nueva sino la continuidad de la guerra civil que vivimos durante doce años, que está reclamando los cambios estructurales dentro del sistema que los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, renunciaron efectuar. Incluso, el entonces ministro de defensa, y luego de seguridad, en tiempo del expresidente Fúnez, Munguía Payés, tipificó la violencia del país como: “conflicto de baja intensidad”.

Con la movilización de tropas especializadas, recursos militares, helicópteros, carros de combate y un lenguaje belicista hace del escenario un espacio de guerra que demanda un requerimiento militar para los dos bandos que la están librando. Las pandillas están tomando sus medidas y dando sus pasos, el gobierno también. Esta acción es una medida militar necesaria dentro de los planes gubernamentales y a la vez, un reconocimiento implícito que las pandillas son capaces de controlar por sí mismo el territorio, constituyen una amenaza a la soberanía nacional, y son grupos con capacidad de resistencia y de respuesta. Bajo esta concepción está la lógica de desplegar fuerzas militares con una enorme capacidad táctica de combate, el nuevo contexto es un escenario de guerra.

¿Estas medidas extraordinarias son las más factibles? El gobierno está convencido que la prueba de su factibilidad ya dios resultados positivos en el primer mes de su implementación: reducción de un 42% de los homicidios, liquidación de más de 300 pandilleros, capturas de algunos líderes, recuperación de territorios. Sin embargo no olvidemos que la famosa “tregua” también disminuyo los homicidios, algunos municipios fueron declarados como santuarios de paz, se entregaron armas etc. Ahora sabemos con más claridad que en el fondo sirvió para fortalecer estos grupos.

Por último, es de advertir al Estado que la liquidación del pandillero no es la solución, lo que va generar es un odio que puede desencadenar más violencia. Por otra parte, el Estado debe tener cuidado que por su afán de querer responder el clamor legítimo de la sociedad y en apremio por controlar la criminalidad puede caer en abusos y atropellar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lo cierto es que todos los planes de seguridad implementados por gobiernos anteriores han fracasado. Y este actual escenario de guerra que ha generado la ejecución de medidas extraordinarias es aplaudido por la población que vive el flagelo de la violencia, la ven como una esperanza. Sin embargo otros sectores, académicos y políticos, las ven con escepticismo.

*Investigador y catedrático de la Universidad Luterana Salvadoreña.