Mauricio Manzano

El problema de la violencia en El Salvador es un problema histórico estructural, tiene que ver con la forma en como se ha venido organizando la sociedad y en las relaciones de poder y de tener. Al hojear la historia nos percatamos de que las convulsiones sociales que hemos vivido han tenido causas generadoras de violencia, con ciertos matices, muy similares.

Durante la colonia, según afirmaciones de feministas e historiadores, un alto índice de mujeres indígenas fueron violadas sexualmente por los invasores, y el mestizaje que ese abuso produjo llegó desde su origen cargado de odio y resentimiento.

La psicología moderna revela que la naturaleza de ciertas patologías se encuentra registrada en experiencias de dolor que quedaron grabadas en el inconsciente y que afectan el modo de pensar, actuar e interpretar la realidad. El inconsciente es como una recamara íntima de nuestra mente, un componente heredado culturalmente. Por tanto, existen arquetipos, como dice Carl Jung, que son como esquemas de imágenes y símbolos que se manifiestan de formas distintas en las culturas, estos esquemas son heredados de generación en generación y cuando las causas no desaparecen son generadoras de más violencia.

A esta humillación abrumadora sufrida históricamente se le ha venido sumando toda la exclusión, también histórica, que desde los poderes dominantes se tradujo en la negación de los derechos básicos de existencia, los cuales siempre han sido reivindicados por el pueblo pobre. Así, en 1833, Anastasio Aquino se levantó contra el presidente liberal, Mariano Prado, por la imposición de reformas tributarias injustas y por la humillación constante a que eran sometidos los indígenas. Este levantamiento fue violentamente aniquilado. Lo mismo sucedió en 1932 cuando Farabundo Martí encabezó un levantamiento indígena contra el presidente Maximiliano Hernández Martínez, debido a la exclusión, explotación y expropiación de sus tierras. De igual forma fue cruelmente desarticulado, estimándose que unos 30 mil campesinos fueron asesinados.

Los años posteriores al 32 también fueron años violentos expresados en decenas de asesinatos de hombres y mujeres, estudiantes, maestros, campesinos, religiosos, incluyendo el asesinato del hoy Beato Monseñor Romero. En 1980 se abre una coyuntura de guerra civil que culminaría con los Acuerdos de Paz firmados en 1992. Se estima que durante los doce años de guerra fueron asesinados 75 mil personas y miles de desaparecidos de los cuales no se tienen registros precisos.

En los últimos 23 años se han asesinado a más de 73 mil personas. Del número de desaparecidos no se tienen registros, pero solo del año 2009 al 2013 se reportaron 4,786 casos de desaparecidos. La tasas de homicidios de mujeres pasaron de 7.4 a 17.4 muertes por cada 100 mil habitantes, constituyendo una de las más altas a nivel mundial (Iudop-UCA, 2014). Y al presente la violencia continúa.

Vivimos una violencia con matices diferentes: los actos repudiables realizados por maras o pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, y aunado a esto la violencia ejercida por el Estado para debilitar el crimen. Somos testigos por las imágenes de escenas espeluznantes que antes solo eran vistas en películas de terror. Los gobiernos han realizado grandes inversiones para combatir el crimen pero ninguna medida ha dado resultados satisfactorios para la población: el plan Mano Dura del expresidente Flores disparó los homicidios que pasaron de 2,270 a 2,933 en el año 2004. El plan Súper Mano Dura del expresidente Saca paso de 2,933 a 4,382 homicidios, invirtiendo 1,717 millones de dólares. La llamada tregua en tiempos del expresidente Funes es la que ha sido más efectiva en términos de reducción de homicidios, paso de 4,382 a 1,050 en el 2014.

Ahora estamos en presencia del “Plan Salvador Seguro”, impulsado por el presidente Sánchez Cerén, en el cual se perciben varias etapas. El promedio de homicidios a finales del 2015 oscilaba entre los 18 diarios. El gasto anual en millones, según el Misterio de Hacienda, para el año 2014, fue de $347, y en el 2015 de $423, es decir, 76 millones de dólares más. En estos primeros meses del 2016 se percibe un combate más frontal y brutal contra el crimen.

En medio de este contexto de violencia también es necesario recordar que cuando el Estado abandona su función de garante de los derechos básicos de sus ciudadanos es también una forma de violencia. Negarle salud, educación de calidad, vivienda, no pagar impuestos, aprovecharse del poder para hacer negocios rentables etc., también es una forma de violencia no menos cruel que la ejercida por otros grupos. El 64.3% de la población opina que la situación económica ha empeorado.

La violencia en nuestro país es una constante histórica, ahora agravada por la corrupción. Vivimos en una cultura de violencia y esta cultura se ha configurado porque históricamente la sociedad ha estado dominada por el irrespeto a los valores más elementales de la vida, la impunidad, el desprecio por la dignidad del otro y de la otra, y la indiferencia. Este contexto favorece el cultivo de vicios que le benefician a personas e instituciones, aún en detrimento de la justicia. En este país vivimos en una constante violencia: electoral, política, judicial, familiar, delincuencial, etc. Por eso afirmamos el carácter histórico estructural de la violencia en nuestro país que tiene sus orígenes en la invasión y conquista española sobre nuestros pueblos originarios.

Lo grave hoy es que ante este escenario sin salida que la sociedad percibe, la violencia se justifica y se naturaliza. Nuestra sociedad maneja un doble discurso, por una parte condena la violencia con una retórica filtrada, pero al mismo tiempo la fomenta y la legitima. Con frecuencia aparecen personas que ocupan cargos de dirección en el aparato estatal afirmando que frente a la violencia o se es cobarde o se responde con violencia. Los salvadoreños vivimos en una cultura social que envía continuamente mensajes ideológicos justificando la violencia de diferentes formas. Vivimos en una sociedad que legitima la violencia como un derecho humano y la honra como virtud del que tiene más poder y la justificación es más grave que la violencia misma.

La violencia en nuestro país es herencia histórica, tiene una estructura mediada por relaciones de poder, es sistémica, por tanto la solución debe responder a desmontar la estructura y cambiar las relaciones de poder y tener. La solución sin duda es a largo plazo, debe ser integral y debe buscar reparar el daño, y el Estado debe cumplir sus funciones constitucionales. La represión, si no va acompañada de un plan integral de prevención y reinserción, está condenada al fracaso.

*Investigador y catedrático de la Universidad Luterana Salvadoreña