Dagoberto Gutiérrez

El Estado, o el conjunto de aparatos que estamos llamando Estado, aparece combatiendo a la delincuencia, y a partir de ahí, echa a andar el aparato judicial, en el marco de actividades normales y en el ejercicio de jurisdicciones establecidas en la ley. Todo el procedimiento termina en una sentencia de un juez y en culpables hacinados en las cárceles. Todo parece normal, como si se tratara de casos simples de delincuencia simple.

La verdad de las cosas, sin embargo, es otra. En estas circunstancias, la cárcel tiene otra significación y la menos importante es la de ser un lugar en donde se cumplen penas; muy por el contrario, pasa a ser el centro político de organización, coordinación y definición de un poder real que controla los mandos en el territorio. Ocurre que es en las cárceles donde se establecen las redes de comunicación fundamentales para definir las organizaciones y los límites del ejercicio de un poder que expresándose en el control de territorio afuera de las cárceles, define los mandos reales en el interior de los penales.

Dicho de otro modo, territorio y cárcel son dos piezas maestras de un solo poder que se construye y se define usando el poder físico territorial y el poder concertado que se ha construido en las cárceles.

Cuando el Estado usa la cárcel como si se tratara de tiempos normales está contribuyendo activamente al desarrollo del poder de la pandilla, sin advertir oportunamente el nuevo significado que la cárcel tiene en estas circunstancias. Hemos dicho que se trata del contacto porque es en ese lugar donde los contactos y definiciones es establecen y se aseguran. Es donde se construyen las coordinaciones fundamentales y se alcanzan los acuerdos sobre los mandos.

Todos sabemos que un penal es un punto abierto a la sociedad, no se trata ni puede tratarse de una catacumba porque está conectado por miles de hilos visibles e invisibles con la sociedad y son muchas las manos amigas, familiares, personales y también enemigas, que llegan a los penales. Y en esa red de vínculos construida con el tiempo, las cárceles son el puente más estable y seguro de la pandilla con el territorio y del territorio con la pandilla. Esta es una relación permanente y con organización estatal, porque es el Estado el que planifica los días, las horas y las modalidades de visita, y siendo esto no evitable, ocurre que ese puente necesario es construido con participación estatal, y no puede ser de otro modo. De tal manera que cada semana o cada quince días, los mandos de los penales recorren ese puente hacia afuera de las cárceles y los mandos de los territorios recorren el mismo puente hacia los mandos de los penales que pueden así construir un poder centralizado.

Es cierto que en los penales se expresa la guerra territorial porque la confrontación entre las pandillas, que ha estallado en el territorio y por y para el territorio, como medio de poder, también estalla al interior de los penales.

Pero, en este caso, la negociación trasciende a las pandillas porque aquí participa el Estado mismo como la fuerza interesada en que los centros penales sigan funcionando. No debemos olvidar que el sistema penal de un país es, al mismo tiempo, sistemas empresariales relacionados con el mercado. De nuevo encontramos aquí al factor Estado y al factor mercado en un íntimo amorío, porque la atención y mantenimiento de los penales, por precario que sea, supone la logística necesaria para más de 27 mil personas. Es de suponer el monto de los negocios que esta actividad representa, y la gran cantidad de millones de dólares que se mueven alrededor de estos lugares.

Este binomio Estado-mercado puede entender a cierta categoría de presos como especie de socios porque la capacidad económica y empresarial de la pandilla se expresa adentro de los penales en el aseguramiento de la vida, de la economía y de los negocios, en todas las cárceles. De nuevo, aquí, aparece el territorio empresarial como expresión de un poder que empieza en el territorio, pasa por la cárcel y culmina como poder en el mismo territorio.

Estamos diciendo que los centros penales son, al mismo tiempo, centros empresariales y partes importantes del mundo de los negocios, siendo también importantes piezas del aparato estatal en coordinación con el aparato mercantil, y en medio de ambos factores, como araña que teje su red, funciona la pandilla fortaleciéndose, ganando terreno y probablemente haciendo negocios.

Como estamos viendo, el sistema de cárceles ha pasado a ser parte sensible del tejido social y político construido por las pandillas, y en ninguna circunstancia puede considerarse simplemente como la etapa final de un proceso penal en donde hay una “cosa juzgada” y alguien condenado en juicio se dedica a cumplir su pena. Nada de esto ocurre en la vida pues los centros penales son un simple eslabón en la cadena de poder construida, larga, lenta y eficientemente por las pandillas.

Aunque resulte innecesario decirlo, es conveniente, porque en estas circunstancias no es el Estado el que controla los centros penales, porque no cuenta con los elementos estructurales para hacerlo. Basta relacionar la población reclusa y sus números abultados con el reducido número de agentes de seguridad del sistema penitenciario que los vigila, para darse cuenta que la seguridad y la estabilidad de las cárceles están en las manos y bajo el control total de la pandilla, que hasta el momento, no tiene interés en que este sistema se desestabilice y, por el contrario, tienen interés en que haya control, en que siga funcionando y se siga construyendo las telarañas del poder que se necesitan. Se trata de la pandilla usando al Estado y apoyándose en el mercado para reforzar su poder en permanente proceso de desarrollo.

El proceso descrito pone de relieve que no estamos frente a un proceso normal de delincuencia y de delincuentes relacionados con jueces que juzgan y sentencian. Es todo un diáfano proceso de construcción de poder cuyos hilos de acero llegan a los penales, son afinados ahí y pasan de nuevo a la sociedad de donde vienen, y las decisiones que se toman en los penales influyen terminantemente en la vida de las personas que se consideran ciudadanos libres.

*Vicerector de la Universidad Luterana Salvadoreña