Francisco B. Mina*

En días pasados el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén dijo: "creo que es de justicia que todos aportemos a garantizar la seguridad del país", esto durante una rueda de prensa en la que trató de explicar la urgencia de obtener los recursos que se lograrían de un impuesto del 10% a las telecomunicaciones, el cual dejaría supuestos ingresos de 140 millones de dólares por año.

Para lo anterior propone grabar con un 10% los servicios de telefonía, internet y televisión por cable. Lo mismo que decir grabar a los sectores medios y medios bajos salvadoreños, posiblemente un tercio de la población del país.

La propuesta de marcado corte antipopular no reconoce que el impuesto debe ser al patrimonio y a las ganancias de las grandes empresas, impuesto a los ricos, a esa ínfima minoría que atesora más del 85 por ciento de las riquezas y no a la factura que pagan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

La medida a todas luces afectaría la situación económica de los sectores medios y populares salvadoreños, profundizaría y continuaría el esquema tributario regresivo heredado de los gobiernos de ARENA y tendría un enorme costo político para el partido gobernante. Es sin la menor duda una medida de carácter neoliberal, típica del modelo de capitalismo salvaje imperante en el país.

El gobierno que dice representar a los sectores excluidos, lo que debería hacer es combatir efectivamente la evasión tributaria que supera los 900 millones de dólares anuales de los poderes fácticos. Es impostergable impulsar una reforma fiscal progresiva donde paguen más quienes tienen más, incluyendo impuestos al patrimonio y a la ganancia de las grandes empresas (telefónicas, bancos, constructoras, farmacéuticas, grandes procesadoras de alimentos, etc.), así como también a los bienes suntuosos y a las grandes transferencias de capital.

Debe también renegociar la deuda externa adquirida bajo condiciones realmente onerosas y antinacionales, con altos intereses y requisitos que violan la soberanía y la independencia de El Salvador. Esto incluiría la nacionalización de las principales ramas de la economía salvadoreña.

Es realmente triste que la derecha oligárquica se erija como defensora de los intereses de los consumidores y que el partido FMLN que dice ser de izquierda, sea el promotor de semejante infamia. Ni siquiera la necesidad de recursos para combatir el crimen justifica una política como esta.

Si el Presidente Salvador Sánchez Cerén fue elegido por el voto de los que creen en una vía alterna al capitalismo salvaje implantado por los gobiernos del partido ARENA, es hora de que asuma una postura de principios y aborte esa propuesta tributaria neoliberal que va dirigida contra los sectores que un día lo eligieron. Si no lo hace de que vale su título de izquierda.

* Colaborador de la Universidad Luterana Salvadoreña