Ruth Chilín*

La palabra amnistía, proviene del griego “αμνηστια” y significa: Olvido.

La historia narra que, los atenienses llamaron amnistía a una ley que ordenaba que nadie pudiera ser perseguido por sus anteriores acciones, es decir, que ordenaba el olvido de ellas. Algunos monarcas absolutos, solían otorgar gracia a quienes cometían infracciones o delitos contra la corona y mandaban con ella que tales delitos se olvidasen. De allí, se deriva el nombre de la ley.

La amnistía, surge por dos motivos: reparación total o parcial de una injusticia, en favor de quien ha sido indebida o excesivamente castigado; o la conveniencia de reconciliar y devolver la paz a una sociedad destrozada por ciertos sucesos políticos. La amnistía, borra determinados hechos del pasado; causando la extinción de la responsabilidad penal, porque desaparece la figura delictiva.

El 15 de marzo de 1993, en nuestro país se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad, organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, para investigar atroces crímenes y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto bélico. Cinco días después, se promulgó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.

La amnistía supone un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Es por esta razón, que dicha figura, es frecuente en momentos de cambio social o de régimen político y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, puede ser objeto de polémica, ya que puede derivar en la impunidad de quienes ejecutaron graves hechos durante un régimen anterior.

Organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, durante años, exigieron la declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía, objetando que transgredía el derecho a la justicia, y el derecho a la reparación de las víctimas. El pasado miércoles, la honorable Sala de lo Constitucional, se pronunció en relación al tan anhelado falló por las víctimas y los familiares de estás.

Sin embargo, los protagonistas y victimarios del pasado conflicto armado, han puesto el grito en el cielo, argumentando que se da un paso atrás en el proceso democrático del país y dicha situación genera inseguridad jurídica, discrepando con la declaratoria, porque según ellos no responde a los nuevos retos del país.

Resulta entretenido ver a los actores de todos los partidos políticos, concentrando esfuerzos para pronunciarse en contra de la Sala, ante la posibilidad de que acusados de crímenes de lesa humanidad, que actualmente se encuentran en sus esferas políticas, sean juzgados. Revelando a todas luces que, nunca fue prioridad, asumir la reparación de los daños a las víctimas.

La gracia del olvido, implicó un perdón no merecido. El falló de la Sala, ha sido muy significativo, ya que marca un momento importante en la búsqueda de la verdad. Los partidos políticos, bien podrían unificar intereses para construir una sociedad mejor, más solidaria y más justa; mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas del país, concretando una sociedad política ideal en favor del pueblo.

*Licenciada en Ciencias Jurídicas. Pasante del Curso de Realidad Nacional de la Universidad Luterana Salvadoreña