“De la construcción teórica a la acción política transformadora”
 

Deysi Cheyne(*)

Convocado por la Colectiva Feminista y la Maestría de Desarrollo Territorial de la UCA, se llevó a cabo un evento el pasado 21 de octubre, en las instalaciones de dicha universidad, titulado: “Diálogo entre la Universidad Rey Juan Carlos III de España y Universidades Salvadoreñas”. Se trató de un primer acercamiento entre académicas de esta universidad española y las universidades salvadoreñas: la Universidad Luterana Salvadoreña, la Universidad Tecnológica, la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana, con el propósito de identificar los avances y los nuevos retos y desafíos en la lucha por la igualdad y la equidad, reconociendo los aportes que la academia ha realizado  desde la teoría feminista.

En mi calidad de coordinadora de la Unidad de Género de la ULS, fuí invitada a presentar algunas ideas que abonaran al debate propuesto. A continuación, la ponencia presentada.


“EL FEMINISMO EN LA ACADEMIA: PRINCIPALES DESAFÍOS”    
INTRODUCCIÓN
Agradezco esta oportunidad propiciada por la UCA y la Colectiva Feminista que considero valiosa, oportuna y necesaria. Este diálogo llega en un momento crítico para nuestro país y esto, sin duda, lo vuelve más estratégico para poder seguir avanzando en la lucha de las mujeres salvadoreñas por su liberación.

Hoy por hoy, El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo y particularmente con las tasas de feminicidio más altas: según el observatorio de ORMUSA, las muertes violentas de mujeres aumentó en el primer trimestre de este año en 140% más en comparación con el mismo periodo del 2015. También aumentó el número de mujeres desaparecidas, y la violencia sexual se está expresando en que cada hora se registran 3 embarazos en niñas, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años de edad. La violencia y la pobreza son, en este momento, los mayores flagelos que impiden el desarrollo pleno de las mujeres en El Salvador.

Como movimiento de mujeres llevamos más de 25 años empeñadas en hacer avanzar la igualdad y la equidad de género en nuestra sociedad. Al fin de la guerra, muchas mujeres asumidas desde entonces como feministas, supimos que se abría una puerta grande para intentar transitar de la dictadura militar de 6 décadas a una democracia representativa que había que aprovechar. Fue lo que hicimos: creamos, desarrollamos y consolidamos una gran variedad de instituciones dirigidas por feministas que forjó a lo largo de este periodo un amplio movimiento de mujeres con una agenda bastante clara de las transformaciones que necesitábamos. Nos dedicamos a promover la organización, movilización y concientización de muchas mujeres, en su gran mayoría de los sectores populares, con las cuales hemos dado grandes batallas por nuestros derechos fundamentales. Una estrategia  que ha ocupado mucha energía fue la de potenciar la participación ciudadana y política de las mujeres, convencidas de que el nuevo sistema político requería de la presencia de más mujeres en el poder, haciendo política de manera diferente. También nos dedicamos a proponer leyes y políticas que reformaran el sistema legal, judicial y político a fin de acercar la justicia y  la equidad a la vida de las mujeres. Como organizaciones no gubernamentales gestionamos y ejecutamos miles de proyectos de desarrollo intentando potenciar el empoderamiento de las mujeres, sustituyendo muchas veces al Estado o dando pautas de cómo se pueden convertir en políticas publicas sostenibles. Hemos monitoreado el funcionamiento público de las instancias estatales, hemos evaluado su desempeño y hecho incidencia para influir en las decisiones de los diferentes gobiernos con los que hemos intentado mantener un diálogo y una interlocución permanente. No siempre hemos sido escuchadas ni atendidas, muchas veces nos ha parecido que nuestros interlocutores son ciegos o sordos frente a las demandas de las mujeres pero siempre estuvimos convencidas de la necesidad del dialogo como herramienta y como estrategia para avanzar. Contar con dos leyes específicas para las mujeres, abordando el problema de la violencia, la discriminación y la desigualdad de género, es, sin duda, un marco legal y jurídico que propicia un nuevo escenario para la lucha por nuestros derechos. Nos sirven de referencia para la nueva agenda de trabajo.

LA PREGUNTA ES: QUÉ NO HEMOS HECHO?
Me he permitido hacer este ligero balance del camino recorrido para identificar más claramente lo que no hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Y aquí conecto con el tema que debatimos hoy: creo que somos un movimiento muy amplio, activo, protagónico, demandante, exigente y defensor de nuestras propias causas y de las ajenas. Creo que el activismo político nos ha seducido y acaparado toda nuestra atención y energía y nos ha dejado poco tiempo para combinarlo sabiamente con la reflexión, el análisis y la investigación de nuestra propia realidad.

Todo el esfuerzo investigativo que ha sustentado nuestras propuestas ha venido del interior de nuestras instituciones, con altos costos financieros, pero no se ha traducido en insumos para el debate feminista ni para la creación de teoría feminista autóctona y local. Hacer teoría de nuestra practica y volver a ella para enriquecerla y que nos ayude a identificar nuevos caminos para la transformación no ha sido parte de nuestro quehacer feminista y este vacío seguramente nos impide tener mayor asertividad en nuestro accionar político.

Aquí es donde aparece el gran reto y la necesidad de cómo llenar este vacío con una estrategia que involucre a la instancia que por su naturaleza y misión está obligada a ponerse al servicio de las luchas de las mujeres. La academia, responsable de la educación superior de nuestra sociedad, tiene todas las condiciones para garantizar que la investigación, la docencia y la proyección social, pilares esenciales de la universidad, sean impregnadas de los aportes proporcionados desde la teoría feminista.

LA EXPERIENCIA EN LA ULS
Personalmente, habiendo trabajado y militado en una ONG de mujeres durante 22 años, y con dos años de trabajo en la ULS, fui contratada para generar una instancia que diseñara una política de género que expresara la voluntad política de la universidad para crear condiciones favorables que hagan avanzar la igualdad y la equidad en toda la comunidad universitaria. Con ese mandato hemos propuesto la creación de la UNIDAD DE GENERO que tiene para guiarse una propuesta de política y un programa de género a ser ejecutadas por una estructura mixta. Un curso básico de género a las y los docentes sirvió de incentivo y motivación para formular la propuesta. Debo destacar que la ULS cuenta con una asignatura llamada, primero, como MUJER Y SOCIEDAD, y que hoy se denomina como GENERO Y SOCIEDAD, la cual es impartida como materia obligatoria a todo el estudiantado de la carrera de Trabajo Social. Su contenido curricular incluye los contenidos básicos de los derechos de las mujeres y sus luchas por la igualdad. Queda pendiente, por ahora, que la Unidad de Género sea orgánicamente parte de la estructura orgánica de la ULS y cuente con un presupuesto propio para ejecutar el programa y los planes previstos. Ha sido también importante la firma de convenios entre la ULS  con organizaciones del movimiento de mujeres, entre ellas la COLECTIVA FEMINISTA, ORQUIDEAS DEL MAR y CLADEM, con quienes se han desarrollado actividades puntuales. Actualmente estamos preparándonos para llevar a cabo un diagnóstico de genero de la ULS que le de sustento a la política ya elaborada. Así mismo, en coordinación con 6 universidades más, haremos un diagnóstico sobre la violencia sexual en el ámbito universitario, con el apoyo técnico de la UCA. Recientemente y con el apoyo de PASMO también la ULS fue declarada un espacio libre de discriminación y estigma como un acto simbólico en la lucha para la prevención y atención del VIH. En general, existe la voluntad necesaria para incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer universitario. Faltan recursos y creatividad para que esta incorporación vaya respondiendo a necesidades institucionales y no a imposiciones generadoras de resistencia.

DESAFÍOS ACTUALES Y VENIDEROS
1. Partimos de que las universidades, tanto la pública como las privadas, tienen atribuciones claras respecto a las dos leyes aprobadas, lo que les obliga a tomar medidas internas que respondan a estas exigencias legales: el Art. 18 de la Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, referido a la educación superior, señala que “el gobierno, a través del ISDEMU y del Ministerio de Educación, fomentará, sin vulnerar la autonomía y libertad establecida en la Ley de educación superior o las instituciones de educación superior, la inclusión de la perspectiva de género en los planes de estudio, proyectos de investigación, otorgamiento de becas con criterios de igualdad de género, acceso a las carreras tradicionales y no tradicionales en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, y apoyo a la mujer en su inserción laboral”. Asimismo, en la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en su Artículo 21 relativo a la educación superior, destaca que el Ministerio de Educación “garantizará en los estudios universitarios de grado y en los programas de postgrado relacionados con los ámbitos de esta ley, conocimientos orientados a la prevención e investigación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fomento de las relaciones de igualdad y no discriminación. Las instituciones de educación superior deberán reglamentar internamente las acciones de detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer”. Dichas leyes nacionales tienen, además, un marco jurídico internacional que ha sido determinante para obligar a los Estados a asumir su responsabilidad institucional.

Por qué razón, entonces, hay lentitud de parte de las universidades en acatar los mandatos de estas leyes? Quizá el ente rector, el MINED, no hace lo que le corresponde y no está exigiendo que las universidades tomen cartas en el asunto. En tal caso, esta sería una exigencia de parte del Movimiento de Mujeres para avanzar en esta parte formal institucional: los 3 pilares universitarios están obligados a incorporar el género en sus diferentes ámbitos de actuación.

2. El desafío de elevar la calidad educativa en la educación superior pasa por la formación integral de docentes. En dicho proceso formativo debe incluirse el enfoque de género que garantice que el proceso de enseñanza-aprendizaje concretado en el aula sea potenciador de condiciones equitativas para las y los futuros profesionales. A las instituciones de educación superior nos corresponde la formación de profesionales sensibles y críticos para asumir y aportar a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con igualdad de género, que sea coherente con una práctica libre de cualquier discriminación y violencia contra las mujeres y contra cualquier persona.

3. El mandato de la Ley especial integral exige que para la prevención y atención contra la violencia en el ámbito universitario se debe apoyar en la investigación y tomando medidas para que no ocurra. Por lo tanto, se debe promover la investigación académica de las desigualdades de género y de las violencias que ocurren en los espacios universitarios, para contar con datos e información que permita ofrecer programas efectivos para su prevención y erradicación.

4. En el terreno de la proyección social, las universidades pueden articular alianzas con las organizaciones de sociedad civil para impulsar juntas las iniciativas de género que sean necesarias.

5. Las universidades pueden, en alianza y coordinación con las organizaciones de mujeres, llevar adelante iniciativas culturales, científicas, sociales y políticas que hagan avanzar la igualdad. Para ello debería instalarse un dialogo permanente inter-universitario y con las organizaciones de mujeres. SERIA ESTRATÉGICO QUE EL DIALOGO DE HOY SEA EL COMIENZO DEL PROCESO DE DIALOGO DE LARGO ALCANCE PARA DISCUTIR los principales desafíos de la academia en torno a las propuestas feministas.

Finalmente, las universidades en la actualidad tienen el gran reto de no dejarse arrastrar por el ambicioso mercado, convirtiendo la educación en una mercancía muy lucrativa. Lograr una transversalización plena del género en todo el quehacer universitario implicar elevar la calidad educativa que garantizará, en última instancia, la formación y graduación de jóvenes profesionales con nuevas competencias, integrales, más humanos, dispuestos y comprometidos con la igualdad, la justicia y la paz.

(*) Docente y Coordinadora de la Unidad de Género de la ULS.