Daniel Francisco B. Mina

Quizás debiéramos recordar que este caso salió a la luz cuando el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) hizo público un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que involucraba a Flores con 10 millones de dólares emitidos por Taiwán.

También recordar que cuando comenzó el juicio contra el ex presidente Flores, primero se inició con el juez Levis Italmir Orellana, y con esas palabras cuando dijo en una entrevista al Canal 21 que “lo que pase afuera en la opinión pública, lo que pasó en la Asamblea y sigue pasando en la Asamblea no son actos vinculantes al juez. Lo que son actos vinculantes al juez es lo que la investigación va generando en la etapa de instrucción para preparar el eventual juicio”.

En segundo lugar la Fiscalía General de la República (FGR) que en un primer momento declaró a Flores, prófugo de la justicia y acusado de tres delitos graves: enriquecimiento ilícito, peculado, desobediencia a particulares, dejó de ejecutar cinco proyectos sociales que serían financiados con los donativos de Taiwán, dinero que aparentemente fue a parar a sus cuentas personales y a las del partido ARENA; esta fiscalía de manera arbitraria e irrespetuosa de la justicia y la ley que ella misma debe aplicar, mandó a Francisco Flores a su casa en prisión domiciliaria, supuestamente porque el señor Flores se había “presentado voluntariamente”.

Recordamos también que el entonces juez del caso tomó la nada democrática decisión de no hacer público y con la connotación que se merece, el primer juicio en contra de un ex mandatario prófugo de la justicia, situación evitada por fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; aunque Flores permaneció tranquilamente en su casa.

Solo el cambio de Juez evitó que el convicto confeso no estiviese libre en la calle. Miguel Ángel García Argüello, juez Séptimo de Instrucción fue designado, bajo presión social, en sustitución del Juez Levis Italmir Orellana. Destacamos al respecto la desición del mnuevo juez de incorporar a los querellanrtes, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), en el proceso de instrucción.

Por eso consideramos pertinente en el caso, el hecho de haber incorporado la demanda de los querellantes de incluir el tema de lavado, lo cual permitió profundizar y llevar a feliz término el juicio sujeto a sentencia. Es de esperar que luego de la sentencia de Flores, se inicie la persecución de las subsiguientes demandas para todos aquellos que aparecen involucrados -sea del partido que sea- y quienes fueron al final los verdaderos beneficiados de los fondos objetos de la demanda a fin de que devuelvan con intereses, el dinero que hasta ahora ha sido declarado.

Destacamos también que han sido de carácter público las contradicciones/confrontación entre la FGR y los querellantes, producto de una labor de los primeros que apunta en la dirección de obstrucción a que se haga justicia. Igualmente la defensa ha solicitado y publicitado que los querellantes sean excluidos del jucio que se sigue contra Flores.

Al revisar a través de la historia, el caso Flores, no es el único que ha sucedido en el país; muchos casos han sido públicamente denunciados y muy pocos llevados ante la justicia. Solo hay que recordar algunos casos sonados, el del Coronel Adolfo Arnoldo Majano durante la junta revolucionaria de gobierno, quien saqueó las arcas del Seguro Social, con más de trescientos millones de colones; el caso de Carlos Perla en ANDA, el caso FINSEPRO-INSEPRO, entre otros.

Mientras que numerosas organizaciones sociales aplauden la decisión del juez del caso, miembros del partido Arena, como el diputado Ernesto Muyshondt, aseguran que Flores seguirá siendo el presidente honorario de ese instituto político.

*Colaborador de la Universidad Luterana Salvadoreña