Deysi Cheyne*

Una de las apuestas principales del movimiento de mujeres fue impulsar la llegada de más mujeres a los cargos públicos,  tanto a la Asamblea Legislativa como a los Concejos Municipales, pensando que la sola presencia femenina podría ser garante de nuestros intereses particulares.  La vida ha demostrado que no es exactamente así. Los intereses partidarios se sobreponen a los de las y los electores y en muchas ocasiones las mujeres electas no cuentan con  espacios de maniobra suficiente al interior de sus partidos, prefiriendo sacrificar los intereses sectoriales.

Los  partidos políticos han tomado su relación con el movimiento de mujeres desde un punto de vista electoral, situando por debajo sus necesidades y aspiraciones reales. Si no se cuenta con una conciencia de género clara en las mujeres que ejercen el poder público, muy poco se diferencian del ejercicio masculino y, si por otro lado, no se mantiene una interlocución sistemática con las  mujeres del movimiento, las demandas de género parecen quedar navegando a la deriva.

En los últimos 5 años, con la llegada del FMLN al Ejecutivo, una novedosa estrategia para favorecer a las mujeres pobres, denominada “Ciudad Mujer”, ha intentado cubrir la demanda de salud sexual y reproductiva, mejoras en sus ingresos económicos y atención a la violencia de género. El sesgo asistencialista y clientelista de Ciudad Mujer reclama evaluar el impacto real que este programa puede estar teniendo entre estos sectores de mujeres beneficiadas.

Cómo trascender lo alcanzado hasta ahora, conscientes de que movimientos como  el de mujeres, surgido de la  incipiente democracia que tenemos, no solo demanda atención a lo que considera sus derechos particulares, sino también propone soluciones y cambios a un Estado que desaparece y se responsabiliza cada vez menos de sus  obligaciones, en el marco de las recomendaciones externas que deciden  qué debe hacerse y qué no debe hacerse?

La participación ciudadana como estrategia para avanzar en la democracia y, particularmente para las mujeres, para avanzar en su empoderamiento y en la equidad de género, tiene en nuestro país la limitada  y  tramposa condición de vincularse a la participación en las políticas elaboradas por otros, sean éstos partidos políticos o sectores sociales mixtos,  donde las mujeres son vistas como números con los cuales llenar las “cuotas de género” que exigen reglamentos, estatutos  o proyectos con dicho enfoque.

En estos años, una valiosa contribución hecha por el movimiento de mujeres en nuestro país es haber llevado el mensaje a miles de mujeres de que somos sujetas de derechos y como tal, tenemos la obligación de demandarlos, defenderlos y exigir su respeto y cumplimiento. El enfoque de desarrollo basado en derechos ha empezado a calar en la conciencia social femenina y ésta se ha traducido en innumerables esfuerzos y procesos educativos y organizativos que han dado paso al surgimiento de muchos grupos, gremios, asociaciones, redes, locales, regionales y nacionales que están aprendiendo a  alzar la voz,  a incidir a otros sectores, a hacer visibles sus intereses y reivindicaciones y, lo más valioso, a defender su  dignidad de mujeres. La aprobación de la ley de igualdad y la ley contra la violencia hacia las mujeres son el resultado de esta movilización femenina.

Este avance ciudadano más consciente de las mujeres, sin embargo, está chocando con un Estado nacional cada vez más autoritario, el cual está siendo sustituido por una dictadura económica y mediática que  mantiene un dominio ideológico muy grande que impide a la gente vincular la crisis social y económica con los sectores responsables de ella. La conciencia en las mujeres de que se debe participar en la vida nacional y luchar por ocupar espacios de poder y toma de decisiones está, paradójicamente, enfrentándose a estructuras patriarcales cerradas, opuestas al diálogo y mucho más a la negociación.

La pobreza y la violencia  son los dos mayores flagelos que las mujeres reconocemos hoy como los principales obstáculos para nuestro desarrollo como ciudadanas y personas con dignidad. Es un importante avance que el Estado y numerosos sectores sociales nacionales e internacionales los reconozcan también como prioritarios en sus agendas  públicas. Pero no debemos perder de vista que necesitamos más que  discursos y buenas intenciones.

La realidad actual de El Salvador exige del movimiento de mujeres un análisis profundo del tipo de país que se ha venido construyendo desde que la guerra finalizó en 1992 y del Estado de mercado que se ha configurado para servir a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Qué impacto está teniendo la dolarización, la imparable migración y la dependencia de las remesas en la vida de las mujeres, qué consecuencias en su salud física y mental acarrea la violencia de género y qué efectos está produciendo tanto la pobreza como la violencia en la ciudadanía y la participación social y política de las mujeres que poco a poco van tomando conciencia de sus derechos.

Estas son sólo algunas de las interrogantes que nos inquietan actualmente. El sujeto social y político que constituye el movimiento de mujeres en El Salvador de hoy debe perfilar las prioridades de su propia agenda, tomando en cuenta las necesidades más urgentes que se enfrentan y sabiendo que tener una agenda significa tener trazado ya un camino o un proyecto, con objetivos y metas claros, mediante los cuales se busca lograr construir una base de poder.

Se necesita fortalecer una estrategia de interlocución entre mujeres y con mujeres, y también con hombres que, estando en espacios de decisión, estén sensibilizados con el enfoque de género y por lo tanto dispuestos a impulsar demandas específicas de las mujeres. Debemos buscar el fortalecimiento y consolidación de un movimiento de mujeres amplio, legítimo, plural, cuyos aportes sirvan para lograr transformaciones radicales en la sociedad.

A lo largo de estos 23 años de post-guerra, las mujeres organizadas hemos sido tal vez el movimiento social más dinámico y sostenible de todos, que ha aprovechado los espacios democráticos que abrieron los acuerdos de paz para colocar en la opinión pública el tema de la discriminación genérica. Hay avances indiscutibles que comienzan por el reconocimiento social de que es necesario también luchar contra este tipo de discriminación y que es una lucha de mujeres y hombres en favor de la democracia. Es igualmente valioso el que el Estado también lo reconozca y que cuente con un mecanismo nacional especializado en políticas públicas para las mujeres; pero también es innegable que nuevas fuerzas conservadoras y fundamentalistas, algunas encabezadas por mujeres, tuvieron la capacidad para incidir en la exclusión del aborto terapéutico de nuestras leyes, que si lo permitían, o de que se retirara un manual de educación sexual tan necesario para nuestra juventud.

La complejidad del mundo actual demanda mucha más inteligencia y sabiduría para saber discernir con mayor precisión nuestras propias estrategias, nuestras alianzas, nuestras apuestas políticas, priorizando metas y objetivos claros y tangibles que nos vayan haciendo realidad nuestros sueños de libertad, equidad, dignidad y justicia social.  Pensar, sentir y actuar juntas y juntos seguirá siendo, sin duda, el mejor camino y  la fortaleza mayor para nuestro empoderamiento individual y colectivo y  la fuente de inspiración para seguir luchando por un mundo  mejor.

*Investigadora y responsable del Programa de Género de la Universidad Luterana Salvadoreña