Armando Briñis*

La historia tan tozuda como esclarecedora como siempre, ha querido que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sea el presidente de Estados Unidos durante la pandemia más severa en un siglo y de la crisis social más grave desde el asesinato de Martin Luther King en 1968. 

En la narrativa de nuestro tiempo, definida por las redes sociales, la causalidad ha determinado que él sea el mandatario del país más poderoso del planeta en el momento en que la nación vive horas oscuras, con más de 112 mil fallecidos por Covid-19, con una economía sacudida por el virus, con unas cifras de desempleo de más de 40 millones de parados y con unos problemas raciales de larga data cuyas consecuencias están provocando un descontento generalizado. Y en medio de esta realidad, influye las actitudes y psiquis de Donald Trump, quien expresa un discurso político hiriente, de un corte dictatorial tan marcado, que guarda escalofriantes reminiscencias con los tiempos del rey George del entonces Imperio Británico.

Trump ha repetido que su estrategia de “ley y orden” a cualquier precio será una de sus apuestas de cara a las elecciones del 3 noviembre y en su discurso en la Casa Blanca, del pasado lunes 1 de junio afirmó que empleará al ejército para contener a los manifestantes, quienes en su mayoría de manera pacífica, claman justicia social tras el asesinato de George Floyd. No es la primera vez que en EE.UU. se apela a la figura militar para contener revueltas sociales, aunque la aplicación del Acta de Insurrección de 1807, que permite sacar a las tropas con el fin de contener el desorden público, nunca había hecho temblar los cimientos de la democracia tanto como en la actualidad.

Hagamos un poco de historia. El presidente, Dwight Eisenhower, empleó a los militares en 1957 con el fin de escoltar a nueve adolescentes afroamericanos - Little Rock Nine - en un colegio público que optaba por la segregación. La amenaza de ser atacados por una multitud de ciudadanos racistas era real, ya que, en el sur del país, tardaron en digerir la firma del Acta de los Derechos Civiles declarada ese mismo año. Esta norma otorgó algunos derechos básicos a la población negra, incluido la opción a voto, negada hasta ese momento. 

El presidente Kennedy, también la implementó en 1962 para contener las revueltas racistas originadas por el descontento de una parte de la población a la que no le pareció bien que el afroamericano, James Meredith, un veterano del ejército, se matriculara en la Universidad de Mississippi. Un año más tarde, hizo lo mismo con el fin de implementar el fin de la segregación en los colegios de Alabama. Mientras el presidente, Lyndon B Johnson, abogó por el uso de la fuerza militar en 1967 (revueltas de la población afroamericana contra la policía en Detroit) y en 1968, en Chicago, Baltimore y Washington tras el asesinato de Martin Luther King; mientras que George H. Bush hizo lo propio en 1989 tras los saqueos posteriores al huracán Hugo en Islas Vírgenes) y en 1992 por las revueltas en Los Ángeles después de que cuatro policías fueran absueltos de usar fuerza extrema para detener al afroamericano, Rodney King.

En todos estos ejemplos históricos, la violencia atrajo más violencia, pero ninguno de los presidentes antes mencionados optó por usar el Acta de Insurrección de 1807 como está señalando Trump, con unos discursos y unas actitudes tan incendiarias como las que ha estado manifestando durante todo su mandato. A la vez que culpa  a la extrema izquierda de las revueltas, en lo que se considera como una cortina de humo para no asumir su desastrosa gestión durante la pandemia, o para no reconocer que en EE.UU. hay un problema racial que en muchos casos le cuesta la vida a la población afroamericana. 

Para muchos el uso de este instrumento legal podría actuar como brazo ejecutor de sus ideales y en contra de sus enemigos, de toda aquella persona u organización que no apruebe su parecer. Son su retórica y sus acciones marcadas por el odio las que generan desconfianza en sus intenciones y hacen temer que el uso de los militares le lleve a traspasar una peligrosa línea. El riesgo es mayúsculo, ya que aquellos que nada tienen que ver con la violencia y que promulgan su indignación de manera pacífica mientras se acogen a la Primera Enmienda, son víctimas potenciales de una opresión que podría no tener vuelta atrás.

Son muchos los ejemplos que se han sucedido durante estos casi cuatro años de mandato que sugieren una forma de liderar con elementos no democráticos, no solo tras protagonizar comentarios y actitudes racistas, homófobas y machistas con una normalidad aplastante; o tras maltratar a la prensa contraria a su forma de gestionar el país e incluso al promulgar su falta de conocimiento como verdades absolutas que son manifestadas con una prepotencia absoluta. Sus fieles compran esta actitud y la defienden con una fidelidad ciega, mientras que sus detractores se ponen las manos a la cabeza.

Antes de su discurso del lunes, Trump permitió el uso de la fuerza a la policía para que desalojara a manifestantes pacíficos de las inmediaciones de la Casa Banca; acto seguido, posó en la Iglesia Episcopal de Saint John con una biblia en la mano,  en el que ha sido tildado por muchos sacerdotes como uno de los actos blasfemos más injuriosos que se recuerdan. Y todo ello, un día después de catalogar como grupo terrorista a una organización de extrema izquierda (Antifas) sin que ese mismo rasero sea aplicado a otras organizaciones de derecha que también incitan al odio y a la violencia, pero que son afines a los ideales del presidente. 

Sus actos dan la impresión de que si Trump saca al ejército a las calles no es igual a que lo haga otro presidente. Se trata de un riesgo de consecuencias que podrían ser fatales para la democracia estadounidense por lo impredecible de su manera de gobernar, donde él mismo pone sus límites y se siente que está por encima de la constitución, el congreso y las leyes que rigen el país. 

*Doctor en Ciencias Históricas y Director de Investigaciones de la Universidad Luterana Salvadoreña