Fotografìa de dominio público CC BY-NC-SA 2.0, tomada creativecommons
 

Armando Briñis Zambrano*

      Si pensamos que estaremos un solo día sin internet la sensación de pánico podría invadirnos. ¿Es igual para todas las partes del mundo, e incluso es igual en todos los países de una manera uniforme? Por supuesto que no. Existe todavía una mayoritaria porción del mundo sin conexión y otra parte no menos importante con mala conexión. Todavía se puede hacer mucho más, tanto para ampliar la disponibilidad del servicio para los que ya están conectados, como para aquellos que siguen excluidos, que no son pocos.

     En el primer caso (los conectados), por ejemplo, es esencial que las redes que soportan servicios esenciales, públicos o privados, se integren en los puntos de intercambios de tráfico existentes localmente, con el objetivo de reducir la ocurrencia de largas vueltas para el intercambio de datos entre redes cercanas (generando alivio adicional en la infraestructura subyacente y permitiendo ahorros de recursos que pueden revertirse a otros fines en beneficio de la comunidad).

     En el otro tema, conectar a los no conectados, es necesario reconocer algo que quedó aún más claro (y dramático) en el contexto del COVID-19: la importancia de estar conectado como requisito de ciudadanía, por el derecho a la educación e incluso a la salud. Y principalmente las diferencias enormes entre quién está conectado y quién no está conectado, y también las diferencias entre las personas que disfrutan de diferentes condiciones de conectividad. Dichas diferencias generan distintos niveles de capacidad de ejercicio de la ciudadanía.

     Por esa razón, más que señalar los límites del sector público y el sector privado en la inclusión digital plena y efectiva, es necesario traer al centro del debate los modelos alternativos y complementarios que, en conjunto a los modelos de políticas y acciones empleados por gobiernos y empresas, pueden contribuir para que nuestra región llegue un poco más cerca del horizonte de inclusión digital y social que deseamos.

     Tal vez es hora de mirar con un poco más de atención a las lecciones que se pueden extraer de las redes comunitarias que existen en América Latina y otras partes del mundo, donde, con muy poco y con pleno respeto por la autodeterminación comunitaria, se puede hacer mucho para lograr el desarrollo socioeconómico y cultural con el apoyo de las TIC.

     En el caso de El Salvador se hace imperativo que el gobierno procure garantizar la conectividad de los que no la tienen, especialmente de la comunidad educativa, a través de una política de subsidios, en cuyo financiamiento participen la ciudadanía y las compañías que prestan el servicio, que permita el acceso gratuito a internet a los estudiantes de todos los niveles educativos del país.

     Una obra de tal magnitud impactaría positivamente, no solo en la educación, sino también, en la economía, la productividad y en la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas y por supuesto, a disminuir la histórica y ancha brecha de la desigualdad social existente.

     Democraticemos Internet, luchemos por incluirlo entre los derechos inalienables de todas y todos.

*Doctor en Ciencias Históricas. Director de Investigaciones de la ULS.