Fotografìa de dominio público CC BY-NC-SA 2.0, tomada de Freepik

Mauricio Manzano*

     La educación superior es una etapa de formación sistematizada o formal brindada por instituciones educativas públicas y privadas. Esta etapa de formación es posterior al proceso de enseñanza aprendizaje que en El Salvador se denomina Educación Media. La formación profesional que las universidades ofrecen a los jóvenes es: a nivel técnica, profesional y científica y tiene un impacto individual y social. A nivel individual esta formación fomenta las capacidades cognitivas, técnicas y actitudinales de los individuos, y la cantidad y calidad de educación que un sujeto recibe tiene una fuerte relación con el entorno social donde se desenvuelve.

     Por esta razón, se reconoce como un derecho humano y social y es promovida por los Estados nacionales e internacionales, por ejemplo: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la meta 4.3 del objetivo de desarrollo sostenible 4 sostiene que para el año 2030 es necesario asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres una formación técnica, profesional y superior de calidad. Para ello es necesario que los estados elaboren políticas públicas que garanticen el acceso a una enseñanza superior de calidad que sea equitativa e inclusiva.

     En el caso de El Salvador, en el nivel de la educación superior la exclusión de muchos jóvenes en edad universitaria evidencia la falta de equidad, teniendo en cuenta que muchos son excluidos de este derecho individual y social. El Estado que es el garante de la educación no posee políticas públicas que impacten positivamente en el acceso a la educación terciaria. Este vacío educativo del Estado es suplido por las universidades privadas, es decir, además de las funciones, como la docencia y la investigación, se puede afirmar que la principal función social que realizan las universidades privadas es el aporte a la equidad e inclusión de la educación superior.

    Son varias las razones por las cuales los jóvenes quedan al margen de la educación. En este ensayo se demuestra desde el punto de vista socioeconómica y estadística que la educación superior salvadoreña está lejos de figurar entre las más equitativas e inclusivas y que el aporte de la universidad privada reduce esta mora social educativa que debería suplir el Estado.

    El concepto de equidad es una categoría del campo del derecho. El diccionario de Manuel Osorio lo define como “Justicia distributiva; es decir, la que se basa en la igualdad o proporcionalidad…” (Osorio, M, 1974, pág. 374). En consecuencia, la equidad hace alusión a la igualdad de oportunidades que tiene toda persona dentro de una sociedad regida por leyes jurídicas. Por otra parte, la inclusión es un concepto de la rama de la sociología que reconoce la aceptación e inserción de toda persona independientemente de su diversidad y es un reconocimiento a la pluralidad como componente complementario, no como excluyente. Luego, la equidad es una declaración jurídica que expresa el derecho de todo ciudadano al desarrollo cultural educativo y la inclusión es la respuesta que convertida en estrategia beneficia el cumplimiento del derecho.

     Por eso, cuando se habla de equidad e inclusión educativa se hace referencia a la educación como un derecho humano y como una obligación moral y social. Como derecho humano porque la educación fomenta el desarrollo de la personalidad y como derecho moral-social porque fortalece los derechos humanos y a las libertades fundamentales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Art.26). En efecto, la educación superior inclusiva y equitativa busca el bienestar individual y social de todos los sujetos mediante la participación en la oferta educativa del sistema en todos sus niveles. Sin embargo, vemos que la desigualdad económica perjudica este derecho y que las universidades privadas lo reducen.

     La desigualdad económica y social obstaculiza el acceso de muchos jóvenes a la educación superior. Resulta evidente que la distribución del ingreso del país se aparta de una distribución equitativa, en efecto, en El Salvador el 29% de la población vive en la pobreza, es decir, con menos de 5 dólares al día, y la causa principal de la pobreza que genera desigualdad es el bajo ingreso económico que la economía genera (BM, 2019), esta desigualdad distributiva impacta directamente en el acceso a la educación superior de los jóvenes que no cuentan con los ingresos básicos que les permita cubrir o sufragar una carrera universitaria. Esta situación es agravada por la ausencia de políticas públicas claras por parte del Estado encaminadas a disminuir este problema. Esta afirmación de exclusión educativa por razones de desigualdad económica la reafirma una investigación de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social del 2019. Al respecto el estudio afirma que los jóvenes de 19 a 24 años son los más excluidos del sistema educativo y una de las causas de la exclusión es la desigualdad económica (FUSADES, 2019). Esta afirmación es validada por los estudios descriptivos realizados y publicados por el MINED.

     Los datos estadísticos demuestran que el acceso a la educación superior salvadoreña no es equitativa ni inclusiva y que la universidad privada atiende el 71.4% de la matrícula. Según informes del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación en el país existen 24 universidades, una pública y 23 privadas, estas instituciones para el año 2018 reportaron una matrícula de 176,268 estudiantes (N-CONACIT, 2019). Estos datos expresados en matrícula dejan ver una proporción muy baja en la demanda y en la oferta de la educación superior, además evidencian la ineficacia del sistema educativo en este nivel que se examina. En términos porcentuales de tasa de cobertura los datos representan una tasa bruta anual de matrícula de 19.3% y una tasa neta de 11.8% de los jóvenes entre las edades de 18 a 24 años que no tienen acceso a la educación superior (DIGESTIC, revisión 2014).

     Es decir, la población total bruta que ha tenido acceso a la educación superior sin importar la edad es de 19 de cada 100 de cuales casi un 12% fluctúan entre los 18 a 24 años, alrededor de 80 jóvenes de cada 100 quedan excluidos de este derecho individual y social. Y de la cobertura bruta de educación superior las universidades privadas cubren el 71.4% de la matrícula y el Estado el 28.6% en la única universidad pública que posee. Es decir, 50,348 estudiantes se encuentran en la universidad del Estado y 125, 920 en las universidades privadas. (MINEDUCYT, 2019)

     Del mismo modo, los datos de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), evidencia que el problema de falta de equidad e inclusión en educación superior son llenados por las universidades privadas. Según el MINED en el año 2018 se examinaron 78,174 y en el año 2019 los evaluados fueron 76, 018 (MINED, 2019) del total de graduados de bachillerato anualmente sólo 25,000 jóvenes lograron entrar a las 24 universidades y un poco más de 3 mil a los Institutos técnicos y especializados. Del total de ingreso en 2019, la UES aceptó 8,567 jóvenes de 20,989 bachilleres examinados, es decir, el 40.8 %, el resto, más de 19 mil estudiantes encuentran un espacio de formación en las universidades privadas. En lo que respecta a los graduaos anualmente la tendencia es similar, en el 2018 se graduaron 19, 653. La universidad de Estado la UES graduó 4,318 (21.9%) y las universidades privadas graduaron 15,335 (78%)

     Así pues, si bien es cierto que los ciudadanos tienen derecho a la educación, también es cierto que acceder a ella no es una realidad para todas las personas. La Constitución de la República reconoce la educación como un bien público, común, por esta razón en el artículo 53 ordena que el Estado debe garantizar la educación como un derecho al que debe acceder toda persona. Sin embargo, en la práctica se puede percibir que la educación superior se encuentra fuertemente afectada por los problemas de exclusión. En efecto, la matrícula del nivel 176,268 –en 2018- representa cerca de un 20%, un dato bajo y preocupante, que se arrastra desde educación media, la cual no alcanza al 40%, perdiendo 6 de cada 10 estudiantes que terminan la educación básica.

     En fin, se puede comprobar que la puerta de acceso no resulta abierta ni giratoria a todos los jóvenes a la educación superior, pues muchos quedan fuera de la oferta educativa. Por tanto, se puede verificar que este nivel de educación está lejos de figurar entre las más equitativas e inclusivas y que las universidades privadas desempeñan una función ética, justa y social favoreciendo a la inclusión y disminuyendo la falta de equidad educativa, a la vez, contribuyen a cerrar la brecha de la desigualdad de oportunidades que reconoce el derecho constitucional.

*Investigador y catedrático de la Universidad Luterana Salvadoreña