Deysi Cheyne* 

 

Según el Instituto de Medicina Legal (IML), en el primer semestre del 2015, El Salvador ha registrado un  total de 2865 asesinatos: 1025 más que en 2014, lo cual implica un incremento del 55.7%. Junio fue considerado como el mes más violento de toda la postguerra con 677 asesinatos, mientras que en mayo se reportaron 643. Lamentablemente, esta entidad estatal no da cuenta de cuantas mujeres y cuantos hombres fueron asesinados. 

 

Por su lado, la Policía Nacional Civil no ha dado su reporte oficial del primer semestre, únicamente se ha limitado a informar de los resultados mes a mes, comparando el número de homicidios en relación al año 2014. Tampoco aquí se detallan los resultados diferenciados por sexo. El incremento de los homicidios es adjudicado a las pandillas en respuesta a la estrategia de seguridad desplegada en las zonas conflictivas. 

 

Esta guerra social, como se ha ido definiendo, está generando una agudización en la vida de los sectores más vulnerabilizados, sobre todo la de las mujeres, cuyo papel en el ámbito del hogar es imprescindible para su sostenimiento. La violencia y la pobreza tienen, como nunca, rostro de mujer. 

 

Entre tanto, se conoció hace unos días de parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) que en los primeros 5 meses del año en curso (de enero a mayo), habían sido asesinadas 68 mujeres; sin embargo, únicamente 32 casos (19%) fueron tipificados como feminicidios. Ante tal situación, el ISDEMU se reunió con operadores de justicia, fiscales y jueces, para identificar los obstáculos que les impiden aplicar la ley, especialmente en los casos de feminicidios. 

 

Frente a este panorama de impunidad en los casos de feminicidio, llama la atención la poca efectividad de las entidades estatales obligadas a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Si hay marcos jurídicos claros y los mecanismos necesarios para garantizar justicia para las mujeres, únicamente queda reconocer que la falta de voluntad política por parte del Estado en su conjunto es lo que impide que se avance en disminuir la violencia de género. 

 

1. En primer lugar, el ISDEMU es el ente rector de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, lo cual le da toda la autoridad necesaria para crear y hacer ejecutar toda la institucionalidad estatal para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres. 

 

2. El ISDEMU debe exigir a la PNC y al IML que sus registros sobre violencia y sobre homicidios se hagan desagregados por sexo, pues es la única manera de tener un análisis comparativo de las muertes de hombres y mujeres, en un contexto de violencia generalizada que vivimos. 

 

3. La investigación alrededor de las muertes de mujeres debe hacerse con el enfoque de género que permita una tipificación clara de los feminicidios, sus causas, sus contextos, de tal manera de contar con información objetiva que permita su prevención al largo plazo. 

 

4. Las secuelas de los feminicidios se extienden a hijos/as, familias, impactos en la comunidad y en la sociedad en su conjunto. Quién vela por las criaturas huérfanas, a donde y con quien quedan, una vez la madre desaparece y, muchas veces, el padre (el agresor) también. 

 

5. Cuando las autoridades se niegan a tipificar el feminicidio, están dando el mensaje de que las muertes de mujeres no son importantes, las invisibilizan, y con ello naturalizan la violencia contra las mujeres. De esta manera se está contribuyendo a la cultura patriarcal de la misoginia y a la impunidad frente a la discriminación femenina. Se pueden exterminar mujeres sin que la justicia se preocupe por eso. 

 

Estudiar, investigar, registrar y analizar el feminicidio como fenómeno particular en la vida de las mujeres salvadoreñas es urgente y necesario para combatir la violencia contra las mujeres, evitar la impunidad y, lo más importante, prevenir las causas que lo producen. 

El ISDEMU tiene la capacidad técnica y los recursos financieros necesarios para ello. Solo se necesita voluntad para hacerlo. 

 

*Coordinadora del Programa de Género de la Universidad Luterana Salvadoreña